Los Objetivos de Desarrollo Sostenible han marcado un cambio de ciclo en la agenda de desarrollo mundial, estableciendo una nueva hoja de ruta para conseguir la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de calidad, avanzar hacia la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el crecimiento económico sostenible y adoptar medidas urgentes contra la emergencia climática.
Para conseguirlo los Estados se han comprometido a actuar y a movilizar los medios y los recursos necesarios. En este sentido, la Unión Europea muestra un firme compromiso para avanzar hacia una economía sostenible y climáticamente neutra, por lo que ha acordado y prevé recursos para proyectos relacionados con el clima y el cumplimiento de los ODS. Palabras grandilocuentes y buenos propósitos que hay que concretar empezando por alinear el Plan de Recuperación y Reconstrucción, que orientará la inversión de miles de millones de euros a través de los fondos Next Generation UE, con las propuestas económicas, sociales y ambientales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible para la consecución de la Agenda 2030. Una situación compleja a la que se le suma que los compromisos que adoptan los Estados en el marco de la Agenda 2030 no son de obligado cumplimiento, sino de carácter voluntario, y no hay una concreción en cuanto a cómo ejercer el control político de su cumplimiento.
Así mismo, las administraciones públicas tienen un papel fundamental y un reto mayúsculo para aterrizar los ODS en el día a día. Establecer estrategias de impulso de la Agenda 2030 e indicadores para su evaluación son políticas públicas clave para la consecución de los ODS. Por otro lado, la apuesta por la movilidad sostenible y por medidas de sensibilización ciudadana son capitales, pero también lo son las enfocadas al tejido empresarial y a las personas emprendedoras sobre las oportunidades que les puede suponer la Agenda 2030. En este sentido, los ODS son un ejemplo de Gobernanza Global en la que, una vez más, aparece también la esfera privada como parte imprescindible para el desarrollo a través de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). No obstante, esta RSC no puede servir como Greenwashing –lavado de imagen verde– ni para devaluar la reglamentación de los estándares laborales, ambientales y sociales. Es aquí donde el mundo empresarial tiene que ver la oportunidad de que una integración de los ODS en su estrategia empresarial, priorizando los objetivos más adecuados, facilitaría aumentar el impacto de sus actividades empresariales y, en consecuencia, de sus oportunidades de negocio, a la vez que daría un impulso fundamental para la consecución de los ODS.
Finalmente, el nuevo plan estratégico mundial en materia de desarrollo pone en el centro de la agenda global que, para garantizar la vida y los derechos de las personas y del planeta, es necesario un cambio de modelo hacia uno de sostenible. En un mundo donde los recursos son limitados esta es una cuestión clave que no puede quedar en mera retórica –como en la fracasada cumbre por el clima de la COP26–, sino que tiene que situarse en el primer plano de la agenda global de reconstrucción posterior a la pandemia de la Covid_19. Al respecto, una ciudadanía politizada –en un sentido amplio y no limitado al de la política institucional– es imprescindible en el camino hacia la consecución de los ODS. Un camino por el cual se avanza de forma decidida desde el impulso de multitud de iniciativas de producción, comercialización, consumo y financiación que ofrecen a día de hoy alternativas sociales, económicas y ambientales más justas.
En definitiva, una Agenda global como brújula que tiene que guiar las actuaciones de las administraciones públicas, de las empresas y de la ciudadanía para avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y medioambientalmente Sostenible.